Comunicado Viedma
El Juicio por la Muerte Anunciada
Durante los días miércoles y jueves de esta semana, tendrá lugar en la ciudad de Viedma el juicio que intentará esclarecer la muerte de José Cid, interno asesinado en la Unidad Penal Nº 1, el 31 de mayo de 2007 .
"No tenemos pruebas suficientes de que haya agentes de seguridad interna que alienten al conflicto entre los internos", afirmaba ante los medios locales, la entonces Directora del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, Nadia Ruíz.
El 31 de mayo de 2007, la atenta mirada del personal policial y penitenciario del Establecimiento Penal Nº 1 de Viedma, no advirtió que frente a sus narices, José Cid caía herido de muerte luego de una pelea con otro interno.
Cid, oriundo de la ciudad de Cipolletti, quién cumplía su condena en esa unidad penitenciaria, venía advirtiendo en reiteradas denuncias desde febrero de 2006, el hostigamiento que recibía por parte del personal de Seguridad del establecimiento.
La muerte de Cid no resultó de un hecho azaroso. El 3 de enero de 2007, cuarenta y tres personas privadas de su libertad en la misma unidad de Viedma, elevaron un petitorio a la funcionaria Ruíz, donde se denunciaban múltiples causas de agravamiento de las condiciones de detención en dicha unidad, como así se daba cuenta de apremios ilegales sufridos por los internos por parte del personal penitenciario a cargo de la entonces Directora. Días más tarde, el 17 de enero, una inspección de la Asociación La Cantora al E.E.P. Nº 1 de Viedma y la Alcaidía de la misma ciudad, confirmaba lo denunciado por los internos en el petitorio, además de observar graves signos de tortura y violencia policial, y suministro indiscriminado de estupefacientes. Hechos además denunciados al día siguiente ante el Fiscal Ricardo Falca, y posteriormente detallados en el denominado "Informe sobre las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en E.E.P. Nº 1, Unidad de Condenados y Alcaidía de Procesados de Viedma, Pcia. de Río Negro, Argentina, dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro".
En dicho informe además, se explicitaba un diagnóstico sobre la situación de conmoción que se vivía en dicha unidad penitenciaria, y se advertía sobre la posibilidad inminente, la muerte de un interno por parte de la policía o por decantación de la incitación a la violencia y hacinamiento en la que los internos permanecían.
Sin embargo, y a pesar de la amplia difusión que tal documentación tuviera por los despachos gubernamentales, no fueron tomadas ningún tipo de medidas preventivas. Sólo se apuntó al desprestigio tanto de los detenidos como de los militantes de la Asociación; llegando incluso a prohibir la entrada de estos últimos mediante resolución de la Secretaría de Seguridad de la provincia.
A tres días de la muerte de Cid, La Cantora y Rubén Moyano –padre de David Moyano, joven asesinado en la Alcaidía en noviembre de 2005-, se presentaron ante el Fiscal Falca, radicando una denuncia contra el personal penitenciario, y responsabilizando al entonces Director Jefe de Seguridad Interna, Oficial Muñoz, por no arbitrar los medios de prevención necesarios, ante la situación de efervescencia que se vivía en el Penal.
En la misma denuncia, se solicitó además, que se investigue sobre el suministro indiscriminado de estupefacientes, al que tanto Iván Toledo -imputado como autor del asesinato- era tan víctima como Cid. Resulta difícil creer que una persona a menos de treinta días de recuperar su libertad como era el caso de Toledo, cometiera en su sano juicio un homicidio, sin evaluar las represalias. Fue por ello que también se reclamó al fiscal, la realización de sendos exámenes toxicológicos, a todas las personas cercanas al hecho.
El suministro y tráfico de estupefacientes en las unidades penitenciarias, se ha transformado con el correr del tiempo, en un sistema de premios y castigos para gran parte de la población carcelaria. Mediante él, no sólo se mantiene a los detenidos "más tranquilos", sino que se moviliza en las sombras, un sistema de relaciones e intercambio de favores similar al que promueve el narcotráfico en las calles. Al igual que este último, dicho sistema no puede funcionar sin -al menos- la connivencia del personal responsable del tratamiento.
El tráfico ilegal de estupefacientes, se sumaba –en este caso- al agravamiento de las condiciones de detención en la que se encontraban alojadas las personas antes de que se produzca la muerte: hacinamiento extremo, sobrepoblación, plazos procesales indefinidos, la violencia intramuros, la desvinculación familiar, traslados reiterados, aislamiento.
Durante los días miércoles y jueves de esta semana, tendrán lugar en la ciudad de Viedma las audiencias por el juicio que intentará esclarecer el hecho.
Siguiendo el mandato dictado por la Corte Interamericana el 30 de marzo de 2006, se hace "imprescindible que el Estado adopte, en forma inmediata e inexcusable, las medidas necesarias y efectivas para erradicar concretamente los riesgos de muerte violenta y de graves atentados contra la integridad personal, particularmente en relación con las deficientes condiciones de seguridad y control internos de los reclusorios".
Se hace imprescindible, que más ojos entren a las cárceles, para que menos manos peguen y menos manos roben. Se hace imprescindible que se castigue a los responsables y no a las víctimas. ¿Será Justicia?
Viedma, Lunes 29 de Septiembre de 2008
Ver "Informe sobre las condiciones de deteción de las personas privadas de su libertad en E.E.P. Nº 1, Unidad de Condenados y Alcaidía de Procesados de Viedma, Pcia. de Río Negro, Argentina, dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro"
http://www.lacantora.org.ar/nota.php?idnota=97
Juicio y Castigo a los Asesinos de David Moyano
Tierra y Vivienda para Todos
Justicia por Atahualpa Martínez Vinaya
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