DECALARACION POR
¿Quién puede monopolizar el conocimiento?
Las mujeres hemos sido productoras de conocimientos desde los orígenes de
Sin embargo, desde la consolidación de la ciencia moderna el acceso a los saberes ha quedado en manos de pocos. Desde que la ciencia se emplazó plenamente dentro del aparato productivo del sistema capitalista y tomó el relevo de las religiones como sostén ideológico del orden patriarcal, el conocimiento científico quedó en manos de los varones de los grupos dominantes. Su difusión y utilización se somete a los intereses de estos grupos y no se orienta según las necesidades reales y los legítimos deseos de todas y todos. Se ha convertido al conocimiento en mercancía, regulándolo con tarifas y patentes. Se utiliza el conocimiento como instrumento de dominación y control. Nosotras consideramos a los conocimientos científicos y tecnológicos como bienes comunes de toda la humanidad, que deben ser accesibles a tod@s, de circulación libre y construcción permanente y colectiva. Todo obstáculo que impida esto debe ser removido.
En tal sentido,
En este contexto, mantener a las mujeres alejadas del conocimiento sobre modos de abortar en forma segura es discriminatorio y es condenarlas a morir por falta de información. El uso de medicamentos para realizar abortos seguros, principalmente con misoprostol y mifepristone, lleva más de veinte años como práctica establecida y es recomendada por
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, declara: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” (Art. 19). Las mujeres tenemos derecho a conocer los riesgos, beneficios y opciones frente a cada decisión que tomamos. Esconder, restringir, negar, obstruir el acceso a información de carácter público es un delito de graves connotaciones éticas en sociedades que pretenden ser democráticas. Cuando esa restricción, además, se vuelve una condena de muerte o provoca daños irreversibles en miles de mujeres cada año, se trata de un crimen que llamamos femicidio.
El Consejo de Derechos Humanos de
El Consejo de la CEDAW en su Recomendación General 24 sobre La Mujer y la Salud, de 1999, establece que “En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos.” (Párrafo 31, inciso c)
Según el Ministerio de Salud de la Nación, el 60% de las embarazadas argentinas no planificó su embarazo. En el país se realizan alrededor de 500.000 abortos por año, todos clandestinos salvo los pocos casos en que se lo considera aborto no punible (y ni siquiera en estos casos las mujeres tienen garantías de recibir el tratamiento que la ley prevé). Ingresan a los hospitales públicos 68.000 mujeres por complicaciones post aborto. De ellas, mueren cada año alrededor de 200. Desde hace años, la principal causa de muerte de embarazadas en el país deriva de las prácticas abortivas inseguras. Entre las mujeres que interrumpieron su embarazo, la búsqueda de atención médica ante las señales de alarma percibidas estuvo demorada. Según el Ministerio de Salud de la Nación, esta demora puede explicarse por el estigma asociado al aborto clandestino. En otras palabras, estas muertes son evitables poniendo información sobre aborto seguro en manos de las mujeres.
Un Estado, entendido como un conjunto de instituciones médicas, jurídicas, sociales y académicas, que obstruye la posibilidad de las mujeres de ejercer plenamente sus derechos se vuelve el principal violador del derecho de las mujeres a vivir un mundo libre de violencias. En este marco de desigualdad absoluta en el que el Estado nos pone, las mujeres auto-organizadas demandamos nuestros derechos pero también buscamos estrategias de sobrevivencia y empoderamiento. Las mujeres tenemos capacidad y derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra salud basándonos en información actualizada y completa, utilizándola en concordancia con nuestras creencias, valores e ideas personales. Nadie puede imponernos ni su moral ni su religión.
Por eso ejercemos nuestro derecho al conocimiento sobre cómo abortar en forma más segura sin distinción de clase, raza, sexo, orientación sexual, etnia, edad, capacidades físicas o mentales o nacionalidad. Exigimos que se respete nuestra autonomía y dignidad como personas.
Y exigimos al estado:
La libre circulación de información sobre misoprostol
El cumplimiento de las recomendaciones de la Guía para el Mejoramiento de
El cumplimiento del deber de confidencialidad del personal hospitalario en la atención pos aborto
La producción pública de misoprostol
Y de manera irrenunciable, la despenalización y legalización del aborto.
Envíe su adhesión al e-mail:
masinformacion.menosriesgos@yahoo.com.ar
LESBIANAS Y FEMINISTAS POR LA
DESCRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO
No hay comentarios:
Publicar un comentario